Ya no se puede soportar la enorme corrupción que impera en el Estado, la impunidad, el endeudamiento, tráfico de influencias e incapacidad para cuidar el interés común, que ha sido doblegado en favor de intereses particulares, políticos y mezquinos.
Todos los funcionarios cometen perjurio al no responder al juramento de hacer cumplir la constitución y leyes que de ellas emanen, por si fuera poco hacen las leyes a modo, como la reciente cuya pretensión es privatizar el servicio público del agua, quienes tienen como propósito hacer parecer infuncionales los servicios en general para justificar su privatización, pero también ser ellos ‐los políticos‐ los beneficiarios de dichas acciones.
Somos rehenes de un partido por más de 27 años, usan los recursos públicos para mantenerse en el poder, han saqueado las arcas pública incluso los dineros de los trabajadores del Estado, por lo cual no se pueden jubilar ni pensionar, han endeudado el Estado para sacar adelante sus propios quebrantos.
Tenemos un gobernador virtual, que nunca está y que sabemos se dedica a sus negocios desde el poder público, quien ha socavado e infiltrado a los otros poderes y municipios. Pero no ha investigado a sus antecesores, que hicieron lo propio.
Miles de manifestantes en Baja California estamos pidiendo su salida, ya que no ha asumido su función defendiendo al Estado ante la Federación, antes por el contrario no sólo se ha aliado a las políticas presidenciales, sino que ha hecho lo propio con nosotros, buscan el peor perjuicio para la ciudadanía, tan es así que no hay desarrollo en el que él no esté involucrado y el Estado no es de su propiedad.
Es una constante violación a nuestros derechos constituciones, laborales, humanos y un insulto a la inteligencia, habida cuenta que interviene hasta en los casos de justicia. Tiene un historial de enriquecimiento inexplicable que se ha ocultado al acceso público y la transparencia, se niega a presentar su declaración patrimonial, son incontables sus nexos con la ilegalidad, su gabinete está conformado por personajes de la peor ralea que debe ser investigada.
Es por ello que solicitamos que se le retire del cargo al gobernador del Estado de Baja California Francisco Arturo Vega de Lamadri, así como a los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, pero también a los presidentes municipales, hasta que no haya nuevas elecciones.
Pero también es urgente dar marcha atrás a la leyes que haya promulgado, habida cuenta que si bien había sido un gobernador legal, nunca se legitimó ante la ciudadanía, ya que siempre ha sido rechazado y la última elecciones, tuvo una infausta participación para inhibir el voto ciudadano.
Más allá de esto; nunca ha investigado las enormes corruptelas y saqueos a las arcas públicas por parte de sus antecesores y funcionarios propios.
