EU retira visa a Ana Paty Peralta
FGR investiga a la alcaldesa de Cancún
La alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, posibles operaciones de huachicol fiscal y supuestos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información consultada por *El Financiero*.
En paralelo, autoridades de Estados Unidos determinaron retirar las visas de la funcionaria, así como las de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero, según fuentes con conocimiento del caso.
Entre las líneas de investigación de la FGR se encuentra el posible uso de recursos, personal o estructuras del municipio de Benito Juárez para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y señalado como uno de los perfiles rumbo a la gubernatura de Quintana Roo.
Las pesquisas también contemplan posibles operaciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos. Uno de los expedientes judicializados es la causa penal 325/2025, relacionada con investigaciones sobre huachicol fiscal y operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V.
De acuerdo con información citada en la investigación, una de las redes bajo indagatoria habría introducido 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos.
Asimismo, las autoridades investigan posibles contactos entre personas del entorno de Peralta y sujetos relacionados con el Cártel de Sinaloa, con el objetivo de determinar la naturaleza de esas relaciones y si existe alguna conexión con las demás líneas de investigación.
Respecto a las visas, hasta el momento no se han hecho públicas las razones específicas de las cancelaciones y tampoco se ha establecido oficialmente que estén relacionadas con las investigaciones de la FGR.
Las indagatorias se encuentran en curso y los señalamientos no representan, por sí mismos, una sentencia ni acreditan responsabilidad penal de las personas mencionadas.
El caso surge además en un contexto de creciente disputa política rumbo a las elecciones de 2027 en Quintana Roo, donde se renovará la gubernatura.
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